Fuente: http://www.infolibre.es/
Que la reforma educativa del Gobierno de Mariano Rajoy, la séptima que regulará este ámbito en democracia, da un giro hacia la enseñanza privada sostenida con fondos públicos es un mantra que docentes, padres y alumnos de la escuela pública llevan defendiendo desde que se conoció el primer borrador. El proyecto que salió del Ministerio de Educación ya contenía algunos aspectos que sugerían un giro hacia la remodelación neoliberal de la enseñanza que inició Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.
Que la reforma educativa del Gobierno de Mariano Rajoy, la séptima que regulará este ámbito en democracia, da un giro hacia la enseñanza privada sostenida con fondos públicos es un mantra que docentes, padres y alumnos de la escuela pública llevan defendiendo desde que se conoció el primer borrador. El proyecto que salió del Ministerio de Educación ya contenía algunos aspectos que sugerían un giro hacia la remodelación neoliberal de la enseñanza que inició Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.
Ahora, tras su paso por el Congreso y el Senado, el texto que será refrendado
en la Cámara baja apuntala determinados aspectos como la cesión de fondos
públicos a colegios que segregan por sexo, las atribuciones de los docentes de
la privada subvencionada o la renovación de conciertos. infoLibre resume
las principales concesiones a la escuela privada que prevé la reforma
educativa:
01. DEMANDA SOCIAL
La batalla entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza –que se
reconozca el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro
para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales– ha sido uno de
los puntos
de conflicto tradicionales entre izquierda y derecha en el terreno educativo.
No obstante, fueron los socialistas los que en 1985 implantaron la doble
red sostenida por el Estado para universalizar la educación básica. Ahora, la
nueva legislación educativa que se aprobará en el Congreso incluye el concepto
de "demanda social" a la hora de programar las plazas.
Es decir, señala que la preferencia de los padres estará por encima de la
capacidad de las Administraciones de primar a la pública y que la creación
de centros concertados no será una decisión del Gobierno de cada comunidad en
función de su planificación y sus necesidades sino que por ley cualquier
colegio privado, si tiene demanda, sea subvencionado.
Por otra parte, la ley actual, de 2006, señala que “las Administraciones
educativas garantizarán la existencia de plazas públicas suficientes,
especialmente en las zonas de nueva población”. El nuevo texto, sin embargo, no
precisa si estas nuevas plazas tienen que ser concertadas y públicas y se
limita a reseñar que se deberá asegurar la existencia de "plazas
suficientes".
02. ENSEÑANZA EN
CASTELLANO
La ley Wert también fortalece la apuesta por la enseñanza en
castellano en todas las comunidades. En este sentido, señala que "la
Administración educativa deberá garantizar una oferta docente sostenida con
fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua
vehicular".
Aunque no se nombra explícitamente en la normativa, este matiz se dirige a
Cataluña, que tiene un modelo de inmersión lingüística en el que el catalán es
lengua vehicular y donde recibir clases en castellano de forma mayoritaria en
una escuela pública es practicamente imposible. Lo que realmente quiere
decir este punto es que el Ministerio de Educación anticipará los fondos para
pagar colegios privados con clases en castellano para las familias que lo
soliciten y no vean satisfecha su demanda en centros públicos o concertados.
03. SEGREGACIÓN POR
SEXOS
El proyecto de reforma educativa que el Gobierno remitió a Las Cortes ya
contemplaba el blindaje a la financiación pública de los centros que segregan
por sexo. Se recogía que "en ningún caso habrá discriminación por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social" y añadía que "no constituye
discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza
diferenciadas por sexos". Sin embargo, el PP, en su paso por el Senado,
aceptó dos enmiendas de Unión del Pueblo Navarro (UPN) encaminadas a beneficiar
la educación separada por sexos.
Gracias a la primera de ellas la reforma incluirá una disposición transitoria
por la que permitirá volver a solicitar el concierto a los centros a los que se
les denegó en 2013 por el "único motivo" de tener un modelo
segregador y que en principio estaba vetados para volver a solicitarlos hasta
2017, pues los conciertos se suelen suscribir cada cuatro años. Se trata de 17
centros –ubicados en Andalucía y Galicia– que rechazaron ser mixtos y a los que
ambas impidieron la entrada de nuevos estudiantes con patrocinio público.
Varias sentencias del Tribunal Supremo señalan que la actual Ley Orgánica
de Educación (LOE) no permite que se financien con dinero público. En estas se
cuestiona no el modelo, sino que sea financiado con dinero público. La segunda
enmienda hará que estos colegios no tengan que justificar su proyecto para
suscribir el concierto.
La protección a estos conciertos en la nueva ley no es de extrañar si se tiene
en cuenta que su principal impulsor, el ministro de Educación José Ignacio
Wert, se ha referido a la escuela que separa por sexos como "una opción de
libertad"
04. DOCENTES
En su tramitación en el Congreso también se incluyó una enmienda del PP para
que los profeores de la privada puedan corregir las reválidas que el
Ejecutivo define como "pruebas de evaluación a nivel nacional en puntos
críticos de cada etapa educativa". Es decir, corregirán los exámenes que
decidirán si un estudiante pasa de ESO a Bachillerato o de este a la
Universidad. Hasta ahora, la tarea de corregir los exámenes de Selectividad
–que desaperecerá dentro de tres cursos– estaba destinada únicamente a funcionarios.
En un informe no vinculante, el Consejo de Estado ya cuestionó que el proyecto
de ley no especificara si la correción de esas evaluaciones "se va a
ejecutar por profesores del sistema público, por profesores contratados o por
empresas privadas". El PP enmendó el texto en este sentido para permitir
que agentes externos puedan hacer esa tarea.
05. RENOVACIÓN
CONCIERTOS
La reforma del ministro Wert también dará mayor seguridad jurídica a los
centros concertados, tal y como venía reclamando la patronal del centros
privados. Y lo hará aumentando el número máximo de años para renovar los
conciertos, una fórmula que, hasta esta reforma, se regía por un real decreto
que no ha cambiado de manera sustancial desde 1985. Ahora, en Primaria se pasa
de un periodo máximo de cuatro años a un mínimo de seis. En Secundaria el
mínimo también serán cuatro. Al eliminar el establecimiento de un tope máximo
se facilita la renovación automática siempre que se cumplan las condiciones.
Es decir, los centros que tengan alumnado suficiente y pidan el patrocinio
público podrán ampararse en esta norma a pesar de que la Administración pueda
determinar que no es necesario porque en la zona hay plazas públicas
suficientes.
06. PARTICIPACIÓN
La que será la séptima norma que regulará la educación en democracia también
cambia las atribuciones de los consejos escolares. Pasarán a ser órganos
meramente consultivos que no decidirán ni aprobarán nada. Se limitarán a
informar y evaluar. Los centros concertados también están obligados a
tener un órgano de estas características, algo que las patronales de la escuela
privada subvencionada consideran una injerencia en sus competencias. Mas aún
desde la LOE, porque esa reforma incluyó entre sus miembros a un “concejal
o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se halle radicado el
centro”. Ahora la LOMCE elimina esta figura.
07. RELIGIÓN
La llamada ley Wert incluye viejas reivindicaciones de la jerarquía católica
como que la calificación de la asignatura de Religión cuente para hacer media y
para acceder a becas –esto no ocurría desde 1990– y que ésta tenga una
alternativa fuerte. O que desaparezca Educación para la Ciudadanía, materia que
se implantó en 2006 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que es
considerada por los obispos como un instrumento que utiliza el Estado para
adoctrinar ideológica y moralmente a los alumnos.
Estas modificaciones también puede interpretarse como un giro hacia la
enseñanza concertada, pues los portavoces eclesiásticos, en una información
recogida por Europa Press en febrero de 2012, aseguraron que hay 1,3 millones
de alumnos en colegios concertados de titularidad de la Iglesia católica.
Además, según datos del Anuario de la laicidad 2012 de la Fundació Ferrer i
Guàrdia, 7 de cada 10 alumnos que cursan sus estudios en un centro concertado
lo hacen en un centro religioso.
